A través de una ley se reguló desde este jueves la comercialización y reparación de los aparatos electrónicos usados de telefonía, sus repuestos o partes a fin de desalentar el robo de celulares y su ingreso al mercado negro. Contempla además la creación de un sistema público, online y gratuito de seguimiento de la actividad con sanciones económicas, que van de los 18 mil a los 90 mil pesos, y clausuras por incumplimiento.
La Legislatura sancionó hoy la norma legal que busca desalentar el robo y/o hurto de teléfonos celulares a través de un nuevo sistema de comercialización y un estricto control a los locales que se dediquen a la compra venta y reparación de estos aparatos electrónicos usados, sus repuestos o partes.
“El objetivo es controlar el comercio ilegal de aparatos electrónicos, que se encuentra relacionado directamente con los hechos de hurto o robo en vía pública y encabezan las estadísticas delictivas”, explicaron los fundamentos del proyecto, de autoría del diputado Ariel Álvarez Palma (VJ).
“La problemática de la seguridad pública y la criminalidad han pasado a ocupar el centro de atención de los argentinos, constituyéndose en una de las principales demandas ciudadanas y por ello la necesidad de implementar acciones a corto plazo que pongan fin a esta grave situación. La situación puntual de sufrir el robo de un celular hoy en día implica una perdida material en muchos casos cuantiosa, dinerariamente hablando, pero además conlleva una pérdida de datos e información personal que en ocasiones puede derivar en delitos aun más graves”, agregaban los fundamentos del proyecto, que hoy se convirtió en ley tras recibir 56 votos positivos y dos abstenciones.
También se habilita la creación de un sistema público, online y gratuito de seguimiento de actividades relativas a la comercialización y reparación de celulares usados, sus repuestos y partes donde los titulares de los comercios que se dediquen a esta actividad deberán ingresar los datos de los dispositivos que tengan en su poder, tanto para las operaciones de venta o reparación, para lo cual se exigirá documentación respaldatoria.
Las personas que se dediquen a esta modalidad comercial deberán ingresar previamente a la recepción para reparación y/o comercialización en el sistema los siguientes datos: cada teléfono celular que posean para la venta; la descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares; los teléfonos celulares que tengan para su reparación; las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen.
La Agencia Gubernamental de Control -AGC- será la autoridad de aplicación y podrá secuestrar los aparatos en los casos que se verifiquen incumplimientos o irregularidades en el sistema de comercialización. Estos celulares, o sus partes, serán publicados en un sitio web que se disponga para tal fin y por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad, y en la puerta del establecimiento inspeccionado.
Los titulares de los aparatos secuestrados podrán presentarse ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas para solicitar su restitución. Tendrán 60 días para realizar el trámite y una vez vencido el plazo los aparatos electrónicos tendrán el siguiente destino: descontaminación y compactación o donación para entidades de bien público.
Por otra parte, los particulares podrán ingresar voluntariamente sus dispositivos de telefonía celular al sistema de control.
El proyecto se articula junto al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el Ente Nacional de Comunicaciones -ENaCom- en busca de un mismo objetivo dentro del plan integral de seguridad del Gobierno porteño.
“Se calcula que hay un total de 50 millones de teléfonos celulares y 5.000 robos diarios de los mismos, por eso el Estado tiene que tomar parte y generar políticas públicas. El Enacom sacó una resolución que fue trabajada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las empresas de telefonía donde se trata de atacar la reventa, lo cual es paso más en ese sentido ya que crea un sistema público de seguimiento. Tenemos que tratar que el delito no sea rentable y con este proyecto estamos poniendo un marco respecto a la compra y venta de celulares usados que hasta ahora tenía un vacío legal”, argumentó durante la sesión Álvarez Palma.
Multas por incumplimiento
Dentro del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 451, se incorpora un artículo específico sobre comercialización de aparatos electrónicos de telefonía celular y/o de comunicación digital que sostiene: “El/la que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin registrar la tenencia o los comercialice o repare, sin ingresar dichas operaciones en el sistema de comercialización de celulares, será sancionado/a con multa de 1.000 a 4.000 U.F. (Unidades Fijas) y/o decomiso de las cosas no registradas y clausura del local o establecimiento”.
Además agrega que: “El/la que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin acreditar su legítima adquisición o tenencia será sancionado/a con multa de 1.500 a 4.500 U.F. y/o decomiso de las cosas respecto de las cuales no se hubiere acreditado su legítima adquisición o tenencia y clausura del local o establecimiento”.
Si la información ingresada en el sistema de comercialización de celulares fuere falsa, el titular del establecimiento será sancionado con multa de 2.000 a 5.000 UF y/o decomiso de las cosas asentadas falsamente y la clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
Para calcular el valor de las multas hay que considerar que cada UF equivale a medio litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino, Sede Central. Estos valores, que se actualizan semestralmente, representan hoy 17,80 pesos por cada UF.