El fiscal federal número 6, Federico Delgado, llevó adelante una investigación judicial donde verifica que existe una zona liberada para el funcionamiento de talleres textiles clandestinos y  determinó que en los barrios de  Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda son donde los explotadores pueden instalar sus comercios.

El informe del fiscal de la Cámara Nacional en lo Correcional y Criminal reveló que de los 72 domicilios allanados, sólo tres estaban habilitados como talleres textiles por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y 69 funcionaban clandestinamente. La mayoría de las personas allí eran bolivianas. Trabajan 9 horas y media por día y cobran solo 31 pesos por hora (algo más de 5500 pesos por mes). Mientras que los encargados, de nacionalidad china y coreana; serían testaferros de empresarios.

El informe fue realizado en el marco de una causa por trata de personas para explotación laboral, iniciada a partir de una presentación realizada por el legislador Gustavo Vera. El fiscal Delgado remitió el informe  al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi De Giorgi, y envió una copia a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y a la Procuradora Alejandra Gils Carbó.

En su investigación Delgado advirtió serias fallas administrativo para la habilitación de los talleres textiles. Es decir que, si al momento de una inspección, el taller no estaba habilitado, al pagar una multa, podía funcionar. Entonces los operadores judiciales no indagarían en la responsabilidad penal de “esos explotadores” frente a la existencia de habilitaciones formales.

El fiscal aclaró que “obviamente, la existencia de talleres habilitados administrativamente no implica que en el lugar no trabajen personas que sean explotadas laboralmente e incluso sean objeto de accionar delictivo y por ende, competencia de la justicia federal”.

El informe determinó que de los 175 trabajadores consultados, algunos admitieron trabajar turnos de hasta doce y trece horas diarias. Otros diez trabajadores incluso aseguraron estar “a prueba” sin recibir ningún dinero, al momento de ser entrevistados por la Justicia.