Roberto Gallardo, juez de la Ciudad, dio lugar a una medida cautelar presentada por tres ONGs luego de la tragedia en Costa Salguero, en la que se pidió la suspensión de los boliches. Sin embargo, la actuación del juez Lisandro Fastman dejó sin efecto la medida cautelar y los establecimientos podrán hacer su negocio este fin de semana.
Gallardo había resuelto ordenar al Gobierno de la Ciudad que, hasta tanto se establezca formalmente la distinción entre “Fiestas Electrónicas Masivas” y el resto de las actividades que se desarrollan con las mismas características pero bajo categorías como “Fiestas Privadas, “Local de Baile Clace C”, “Bar” o Centro Cultural”, se prohíban todas las actividades comerciales en locales bailables.
Gallardo sostuvo que “el tribunal pudo constatar, a partir de las denuncias contenidas en la demanda de autos que en la mayoría de los locales y ‘boliches’ denunciados se realizan fiestas electrónicas y otras actividades en incumplimiento a la normativa vigente, y fuera de todo control por parte de las autoridades”.
Sin embargo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dijo: “Nosotros respetamos las decisiones de la Justicia, pero en este caso no estamos para nada de acuerdo con el accionar del Juez. Hay miles de personas que se divierten sanamente todas las noches y nosotros vamos a defenderlas”.
Larreta justificó su oposición ya que se estaría en el camino correcto: “Esta semana enviamos un proyecto de ley a la Legislatura con una serie de medidas de prevención y educación, incluso suspendiendo las festivales electrónicos masivos hasta que estas medidas no estén implementadas. Pero clausurar toda la noche porteña es un despropósito”
Los amparistas, las ONG Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación de Cartoneros y la FUBA (Federeción Universitaria de Buenos Aires) comunicaron: “La masacre de Costa Salguera en la que murieron 5 jóvenes en una fiesta electrónica mostró nuevamente el desamparo de los jóvenes en manos de la alianza narco-empresaria-política-policial. En el negocio de la noche, la vida y la salud son valores de cambio, simples mercancías, al igual que la droga o el agua. Hemos decidido acudir a la justicia para terminar con la impunidad que afecta principalmente a los más vulnerables y excluidos aunque, como vimos, también se lleva a los hijos de los sectores medios y altos. Venimos a promover la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Gubernamental de Control para que garantice la salud, la vida y la libertad de la juventud”
Así, el juez Gallardo sostuvo que los amparistas son jóvenes, “potenciales víctimas de los daños y riesgos potencialmente letales” y quien tuvo en cuenta que “es habitual todos los jueves, viernes y sábados que en la mayoría de los locales de la ciudad de Buenos Aires, se puedan adquirir estupefacientes en los vips, en los baños o en las propias pistas, donde se paran dealers o deambulan a la vista de los asistentes y que esta es una modalidad consustancial de la noche porteña”
Gallardo finalmente ordenó que se establezca y someta a aprobación judicial, un protocolo de actuación de los cuerpos de inspección y autoridades policiales (Policía Metropolitana y Policía Federal transferida) “a los fines de dar cabal cumplimiento al régimen legal vigente en lo que respecta a la prohibición de comercialización y consumo público de estupefacientes, sea cual fuere su naturaleza o modalidad”; y que se informe al tribunal “cuál es la dotación de inspectores vigente, la cantidad de locales que los mismos deben inspeccionar” y un plan de acción a corto y mediano plazo.
Sin embargo, el juez Fastman dejó sin efecto la medida tras una audiencia con los amparistas de las ONG, Sebastián Morreale, Sergio Sánchez y Adrian Lutvak. La Cámara Empresaria de Discotecas de Buenos Aires se comprometió a “garantizar la contratación del servicio de área protegida en los locales bailables Clase C”