La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia ley contra la discriminación, a partir de la sanción efectuada este jueves por Legislatura.
La Ley 5261 garantiza y promueve la plena vigencia del principio de igualdad y previene la discriminación en todas sus formas a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades, fomentando el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano, como establece en su artículo 1°
La ley es superadora de la ley nacional, que fue sancionada en 1988, ya que la norma local define cabalmente que es discriminatorio, los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías. Además de los patrones patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, o mensajes que transmitan o reproduzcan dominación, desigualdad o discriminación.
También define conductas, que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, para perjudicar o perturbar el pleno desarrollo, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
La norma también sanciona y repara los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye la diversidad sexual, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la situación familiar o condición socioeconómica, entre muchos otros. Además, establece mecanismos procesales para invertir la carga de la prueba en algunos casos y agilizar el reclamo por daños para quienes son víctimas de hechos discriminatorios.
El texto fue consensuado a partir de iniciativas presentadas por los legisladores Gabriela Seijo y Enzo Pagani (PRO) y un expediente impulsado el año pasado por la diputada María Rachid (FpV) y su par Daniel Lipovetzky (PRO). Se aprobó por 50 votos positivos.