Las familias porteñas podrán refinanciar sus préstamos en mora mediante nuevas alternativas que dan más plazo y la tasa de interés fija anual más baja del mercado. Las facilidades para desendeudarse serán otorgadas por el Banco Ciudad y los bancos que decidan adherirse.
El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal ofrece mejores condiciones a los vecinos porteños que se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera. El alivio llega tras la sanción de Ley N° 6.959 aprobada por la Legislatura porteña que establece condiciones para una mayor accesibilidad para refinanciar deudas en mora originadas en préstamos personales y por consumo con tarjetas de crédito registradas hasta el 1° de junio pasado. La norma ya fue reglamentada por el Gobierno porteño.
La ayuda tendrá un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Habrá un período de 60 días para que los interesados puedan acceder a este beneficio, que comenzará a regir el próximo 3 de agosto. Las deudas originadas con tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados exclusivamente por entidades financieras y la mora en situación 2 o 3 del Banco Central (entre 60 y 180 días de atraso).
El artículo 10 de la ley, de autoría de Leandro Santoro, establece quienes podrán acceder al beneficio: «toda persona humana cuyas deudas tengan compromisos mensuales que superen el 40% de sus ingresos mensuales, siendo estos menores a 10 salarios mínimo, vital y móvil; con domicilio establecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad de al menos 2 (dos) años. La presente línea de crédito abarca tanto a empleados en relación de dependencia, como monotributistas hasta categoría G, y jubilados. Serán beneficiarias de la presente línea de crédito las personas humanas con deudas registradas en situación 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a la calificación de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), siempre que las obligaciones comprendidas no hubieren sido cedidas, transferidas o enajenadas, total o parcialmente, desde las entidades financieras a favor de personas humanas o jurídicas no sujetas a la supervisión y regulación del Banco Central de la República Argentina»
Quienes podrán acceder al programa
- Domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de 2 años.
- Quedarán excluidos quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a 5 años –excepto aquellos destinados a actividades laborales debidamente acreditadas–, sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro, tenedores de activos financieros que excedan el total de la deuda reclamada y aquellos que hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron deudas.
- La ley también establece que el Banco Ciudad deberá instrumentar una línea específica de refinanciación, por intermedio de Ciudad Microempresas S.A.U., para los emprendedores y trabajadores no registrados que mantengan obligaciones con esa entidad y tengan atrasos de entre 60 y 180 días.
“Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. Las nuevas alternativas de refinanciación estarán disponibles a través del Banco Ciudad y de las entidades financieras que decidan adherirse. Esta fue una propuesta que trabajamos en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
La adhesión al programa contempla un beneficio fiscal que otorga la Ciudad, la reducción del 50% del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones. Aquellas entidades financieras que quieran adherirse al programa tendrán tiempo hasta el viernes 31 de julio y podrán, además, ofrecer mejores condiciones que las previstas en la ley.
Los funamentos de la ley explicaron que se sanciona por «la profunda y persistente problemática del endeudamiento de las personas y los hogares, que en los últimos años se ha transformado en uno de los principales factores de vulnerabilidad económica y social en la Argentina y, particularmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta situación es consecuencia de un programa económico que ha deteriorado el poder adquisitivo de los ingresos familiares y reducido de manera sostenida la capacidad de consumo de vastos sectores sociales. El problema no radica únicamente en la evolución nominal de salarios, jubilaciones e ingresos populares, sino también en la fuerte compresión del ingreso disponible de los hogares. Una porción creciente de los recursos familiares se destina a afrontar gastos fijos e inflexibles alquileres, servicios públicos, transporte, combustibles y otros rubros esenciales que en muchos casos ha aumentado incluso por encima del nivel general de precios, reduciendo el margen para el consumo básico, el ahorro y la atención de contingencias.»