La legislatura aprobó el presupuesto para la ciudad en 2017 por   $ 178.223.097.691 millones de pesos para gastos totales, entre gastos corrientes ($145.159.027.612) y de capital ($33.064.070.079), lo que implica un incremento de 26,7% respecto al corriente año. También se aprobó una modificación al Código Fiscal y la Ley Tarifaria que determina los impuestos obligatorios.

La ley tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Alejandro García del PRO. El presupuesto de más de 178 millones  fue aprobada por los votos del PRO más los de Graciela Ocaña y Diego García (CP), junto con los peronistas Silvia Gottero, María Rosa Muiños y Claudio Heredia, además del Sindical Claudio Palmeyro, que totalizó los 34 votos positivos. Mientras que los 13 negativos  fueron del Frente para la Victoria y la Izquierda integrada por diversos bloques: PSA, BC, AyL, FIT y PTS. Además hubo 12 abstenciones, de los radicales de Suma +, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el Frente Renovador y  la Corriente Nacional de la Militancia.

Los gastos que prevé el Ministerio de Hacienda porteño se basan en un crecimiento del 3,5%, un tipo de cambio promedio de $ 17,92 y una inflación del 17%. Se estima un superávit económico primario de $28 mil millones, que representa un incremento del 35,3% respecto del proyectado para el cierre del corriente año, y será utilizado para financiar el 82% del plan de obras del año 2017, que asciende a $32.518 M.

El presupuesto prevé una fuerte inversión en áreas sociales, que incluye la implantación de un plan para la construcción de viviendas, urbanización, e integración urbana en los Barrios 31, 31 bis, Villa 20, y otros asentamientos, entre ellos Papa Francisco, Rodrigo Bueno y Fraga. Además permitirá avanzar en la construcción de la Villa Olímpica que albergará los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, que una vez finalizados otorgará soluciones habitacionales en la zona sur de la Ciudad. Asimismo refleja un importante crecimiento en lo destinado al área de vivienda, pasando de los 3.500 M. de pesos presupuestados para el corriente año a los 9.164 M. que se destinarán para el 2017.

También se contempla la creación de la Policía de la Ciudad, una nueva fuerza que unifica el personal de la Federal con el de la Metropolitana. La inversión en Educación alcanzará casi los 32 mil millones de pesos para el año próximo, lo que representa un incremento del 23 por ciento en su presupuesto. En cuanto a Salud, alcanzará los casi los 29 mil millones de pesos, mientras que la partida para Desarrollo Humano y Hábitat ascenderá a 8 mil millones, un 34% superior a la vigente.

Por otra parte, se prevé un incremento promedio del 30 por ciento para el ABL, estableciéndose un tope del 38 por ciento. El diputado García explicó como miembro informante ante el Cuerpo parlamentario la suba impositiva y consideró: “Más de la mitad del padrón aumenta como máximo $62 pesos por mes. En tal sentido, cabe aclarar que la última valuación de inmuebles realizada data de julio de 2015, y que la inflación acumulada entre esa fecha y julio de 2016, momento de esta nueva valuación, alcanzó el 44,1 %”.

“Hoy presentamos este proyecto que expresa las prioridades de las políticas públicas para el ejercicio fiscal del año próximo y que es fruto de una planificación de acciones posibles, regido por la prudencia y la búsqueda de eficiencia a la hora de invertir los fondos públicos y que se destaca por ser un presupuesto realista, sin desequilibrios financieros y con superávit económico y primario”, expresó García.

En tanto, legisladores de la oposición manifestaron su disconformidad con el proyecto que envió el Ejecutivo porteño, rechazaron la inflación proyectada del 17% y criticaron la suba en los impuestos, entre ellos el ABL, por encima de dicha cifra. Resaltaron además “la pérdida del poder adquisitivo” y el “aumento de la pobreza”. También hicieron referencia a una “distribución inequitativa en el área de Cultura” y cuestionaron el presupuesto de Educación “por no contemplar las necesidades de la comunidad educativa ni preveer inversión en infraestructura”. Otro de los puntos cuestionados fue el condicionamiento de emisión de deuda para la urbanización de villas.