La Legislatura porteña transfirió a la Nación la administración de cinco centros clandestinos de detención. Organismos de derechos humanos y otros legisladores calificaron el acuerdo como “inconstitucional”.
El kirchnerismo, con el apoyo de sus aliados y el bloque PRO, logró que la Legislatura porteña aprobara el traspaso de la Ciudad a la Nación de cinco ex centros clandestinos de detención, entre ellos la ex ESMA.
El proyecto dispuso que la Ciudad de Buenos Aires cederá por 30 años el usufructo del predio de la ESMA y de otros cuatro ex centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico militar: Virrey Cevallos, Atlético, Olimpo y Automotores Orletti. Estos últimos serán transformados en museos.
La iniciativa despertó polémica de diferentes sectores y personalidades, entre ellos del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien cuestionó el acuerdo. “El Gobierno nacional tiene una política de apropiación inconsulta de los espacios de la memoria, porque quiere imprimirles una política unilateral que no permita el disenso”.
Para Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, se trató de una jornada “triste”. “Perdimos con dignidad; los que ganaron llevan indignidad. “El Gobierno nacional desgajó a los organismos de derechos humanos. No fuimos consultados, fue un pacto por atrás”, se lamentó.
El diputado macrista Pablo Tonelli cuestionó a los legisladores que rechazaron la iniciativa, pero fue irónico con el Gobierno nacional. “No entiendo la preocupación por el traspaso al Gobierno nacional. Se supone que el Gobierno es el campeón de los derechos humanos”, dijo.
Sobre el cierre de la sesión, se firmó un dictamen de minoría impulsado por la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), quien rechazó el acuerdo por considerarlo “ilegal e inconstitucional”.
