Finalizados los manteros de Once, Liniers y Flores, algunos sectores piden ir contra cierta venta ilegal en predios.

Luego del desalojo del «último bastión mantero» en Liniers en este 2018, como lo había sido la zona lindera a la estación Once de Balvanera o  la avenida Avellaneda, en Flores en 2017, ahora el Gobierno de la Ciudad se propone controlar las «saladitas», espacios privados con locales tipo ferias,  donde se venden productos que muchas veces se desconoce su procedencia o forma de haberlo comercializado

De la misma forma que a los vendedores y manteros de Once, el gobierno porteño ofreció a los casi 500 de Liniers capacitarse durante un trimestre, por el que recibirían una paga de 14.000 pesos mensuales, a cargo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba). El costo total será de más de 10 millones para el fisco.

La FECOBA expresó su satisfacción por la actuación de la justicia. En un comunicado expresó que «medidas como la dispuesta por el Fiscal General de la Ciudad Luis Cevasco son fundamentales para promover la defensa del comercio legalmente establecido y exponer la gravedad de la venta ilegal, un negocio millonario gestado por mafias organizadas bajo sistemas de trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo y piratería de mercadería, además de competencia desleal y corrupción».

Asimismo su presidente, Fabián Xavier Castillo expresó: “respaldamos los operativos previos donde ya se ha actuado con eficacia para eliminar la venta ilegal, como en el caso de la calle Florida, Av. Avellaneda y los barrios de Caballito y Once, donde los vecinos y comerciantes recuperaron el espacio público”.

 

Advertencia por las saladitas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaboró un “Mapa nacional de ilegalidad comercial” que determinó que  los cinco lugares con mayor venta ilegal son los siguientes: la ciudad de Buenos Aires; los partidos bonaerenses de La Matanza, Lomas de Zamora y Florencio Varela, y la ciudad de San Miguel de Tucumán.

 

Los proveedores de estas ferias en muchos casos revenderían mercadería robada, falsificada y de contrabando, produciendole al estado una pérdida en la recaudación, tanto de Ingresos Brutos para la ciudad, como del impuesto al valor agregado (IVA). Según algunos cálculos el Estado Nacional habrá perdido de recaudar en  2017, casi 17.000 millones de pesos. Es que la venta ilegal realizada por manteros y saladitas en 2018 habría superado 78 mil millones de pesos.