Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron este jueves la Ley de Economía Social, que promueve la interacción entre unidades productivas de personas, grupos o sectores de mayor vulnerabilidad en momentos en que se conoció que la pobreza en Argentina subió a 44,2% y alcanzó a 18 millones de personas, luego de más de 3 años de recesión económica.
“Promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Social de la Ciudad”, fue el primer precepto de la ley aprobada. La diputada Lucía Romano señaló que “Invertir en actores mediante el fomento de sus unidades productivas, permitiéndoles recibir del estado presente el reconocimiento y apoyo a sus proyectos, es una apuesta a sus capacidades, a su desarrollo, al incremento de sus ingresos mensuales mediante las actividades que estos han elegido para desarrollarse. Es una oportunidad para su fortalecimiento técnico y profesional, la posibilidad de poder llegar a nuevos clientes, incorporar nuevos hombres y mujeres a sus unidades productivas o prestación de servicios”.
La ley crea un registro de estas Unidades Productivas y se consignan “criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos”.
El texto toma en cuenta la “perspectiva de género” para el “empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias”; la inclusión de personas con discapacidades y la importancia del impacto ambiental.
La “Unidad Productiva” es definida como persona o colectivo de personas que realicen “actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.
Se busca favorecer a estos trabajadores con exenciones impositivas, políticas de fomento del crédito a través de programas del Banco Ciudad y la constitución de un fondo fiduciario con aportes públicos y privados para “mejorar, ampliar o garantizar la producción u obtención de los productos o servicios vinculados a su actividad”.
Podrán participar asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, sociedades, siempre que “tengan experiencia acreditable en el otorgamiento de créditos y mesocréditos, brinden capacitación y/o asistencia técnica” a las unidades productivas.
Había varias iniciativas al respecto: del Frente de Todos, la UCR, y de la Jefatura de Gobierno. Primó el proyecto oficialista, discutido y despachado en las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR), de Promoción e Integración Social (Lorena Pokoik – FdT) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ).
Romano señaló que la propuesta promueve el rol del Estado como generador de una base de igualdad, a través del fomento del trabajo y de la producción de los sectores más vulnerables. “Resta seguir trabajando para construir una nueva mirada sobre las compras y contrataciones de la Ciudad que reemplace el viejo enfoque que entiende el procedimiento como la simple adquisición de bienes o servicios, para comprenderlo de manera más integral, como una política pública en sí misma que tenga por misión promover la inclusión social, el desarrollo de colectivos vulnerables y fomentar mejores prácticas socio ambientales”, señaló la diputada Romano.