El gobierno porteño dispuso que a partir de junio los grandes generadores de residuos deban abonar para que sean tratados en la Ceamse
Con el difícil objetivo de hacer cumplir la Ley de Basura Cero, el gobierno porteño aplicará desde junio una drástica medida: todos los shoppings, hoteles de 4 y 5 estrellas, supermercados, bancos y edificios con más de 40 unidades que generen más de una tonelada diaria de basura deberán separar sus residuos de manera obligatoria y pagar para que sus desechos sean tratados y enterrados por la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Para ello, los llamados “grandes generadores” de desechos tendrán que contratar a alguna de las 15 compañías que hoy en día están habilitadas. Aunque por el momento se desconoce el precio final que tendrá el servicio, en la actualidad el costo de enterrar una tonelada de basura gira en torno a los 432 pesos.
La separación de residuos será también obligatoria para los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, las universidades públicas y los centros educativos privados de todos los niveles. Pero ninguno de ellos tendrá que pagar por el tratamiento de sus desechos.
El duro plan para el recorte en la cantidad de basura que produce la Ciudad de Buenos Aires irá acompañado por multas de hasta $30.000 por incumplimientos e incluso contempla la clausura de establecimientos que violen la nueva normativa. La decisión fue establecida a través de una resolución y un decreto reglamentario del Ministerio de Ambiente y Espacio público porteño.
La Ley 1.854, mejor conocida como Ley de Basura Cero, fue promulgada en 2006. Desde ese entonces, los sucesivos gobernantes de la Ciudad intentaron aplicarla, no siempre con éxito. A fines de 2012, ante el colapso de numerosos cinturones ecológicos, el gobierno bonaerense se enfrentó al porteño para reclamarle que cumpla con la normativa y reduzca la cantidad de residuos que enviaban a la provincia. En aquel entonces, la administración de Mauricio Macri se comprometió a intensificar su acción y propuso aumentar el pago que otorgaba por el tratamiento de sus residuos.
