La Legislatura porteña aprobó hoy tres resoluciones designando a los miembros de la Auditoría General, el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, respectivamente; que asumirán el 10 de diciembre.
Auditoría General
La presidencia la ocupará Cecilia Segura Rattagan. Y los restantes seis miembros son: Mariela Giselle Coletta, Juan Facundo Del Gaiso, Hugo Vasques, Raquel Herrero, Jorge Garayalde y María Victoria Marcó.
Rattagan, repasó su currículum en la audiencia pública del 3 de noviembre, donde se puso en consideración la idoneidad de los candidatos propuestos: “Soy licenciada en sociología graduada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), diplomada en Gestión y Control de Políticas Públicas de FLACSO, (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), en donde también cursé una maestría en Diseño y Gestión de Programas Sociales” En su exposición resaltó que hace 12 años trabaja en cargos públicos, mientras que desde 2010 lo hace en ACUMAR, “donde también pasó mi compañero Eduardo Epszteyn (actual auditor general)”
Coletta es contadora por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde ocupó la presidencia del Centro de Estudiantes y hoy en la misma casa de estudios es Subsecretaria General.
Del Gaiso tiene 41 años y es ingeniero en construcciones por la Universidad Tecnológica Nacional. Destacó que en 2007, presentó “junto a la candidata a presidente de la Nación , Elisa Carrió, el Programa Nacional de Transparencia en Obras Públicas con un compendio de proyectos de leyes para transparentar todos los procesos que involucran a las obras públicas”. Remarcó que desde 2013 ya ejerce el cargo de auditor y que llevan “casi 1500 informes elaborados” para “un mejoramiento de la gestión”
Vasques, por su parte es licenciado en Economía por la UBA y ejerce el cargo de profesor Adjunto en la misma casa de estudios, así como también en la Universidad de Flores. Resaltó que hace 16 años que está en la administración pública de la Nación y Ciudad; que incluyó también “durante el año 2013” el cargo de “asesor ad honorem del diputado Alejandro Amor que, actualmente, ocupa el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”, quien fuera también abogado del gremio de los empelados públicos de la ciudad, SUTECBA
Herrero comenzó su exposición afirmando: “nací en esta Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Parque Chacabuco, Boedo; soy casada y tengo 4 hijas y 7 nietos”. Con respecto a su trayectoria profesional y pública, cuenta con una maestría en la Universidad del Salvador. Y en 1996, fue parte del programa Médicos de Cabecera de la Ciudad, y “desde entonces, me desempeñé en distintas funciones dentro del ámbito de la salud pública y años más tarde trabajé en esta Legislatura como asesora de un diputado en la Comisión de Salud, entre otras.”, como ser subsecretaria Administrativa.
Garayalde comenzó repasando su dura infancia, cuando su madre falleció y su padre debió mantener a 6 hijos con un kiosko en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Luego recordó sus tiempos de joven abogado que trabajó durante 11 años “hasta la crisis de 2001”. Desde ese momento su interés por “lo público” fue cada vez mayor. En 2004, fue convocado como asesor, luego fue electo diputado: “saqué la Ley de Hotelería, la Ley de Hostels y escribí el primer manual, que es el único que existe en la Ciudad de Buenos Aires, que es el primer Manual de Turismo”, contó con orgullo. En 2011 renovó su mandato como legislador porteño: “fui elegido Presidente de la Junta de Ética, en donde discutimos más de 196 nombramientos entre jueces, asesores y fiscales, juicios políticos, declaraciones juradas y presidencias de entes.”
Marcó también comenzó sus labores estatales en 2001:”ingresé al sector público en la planta de la Auditoría General de Buenos Aires.” En la Auditoría pasó por diversos sectores, que la hicieron conocer con profundidad el lugar. Hasta que en 2011, fue elegida Auditora y ahora fue renovado su cargo.
De acuerdo al artículo 135 de la Constitución de la Ciudad, la Auditoría “ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. Dictamina sobre los estados contables financieros de la administración pública, centralizada y descentralizada cualquiera fuera su modalidad de organización, de empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, y asimismo sobre la cuenta de inversión.”
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Las designaciones para el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes recayeron sobre Agustina Gómez, María Florencia Gentile, José Eduardo Machain, Virginia González Gass y Cecilia Florencia Eiras. El Consejo está conformado por una Dirección Ejecutiva (Presidencia y Vicepresidencia) y un Plenario que integran funcionarios del Poder Ejecutivo, Organizaciones No Gubernamentales, representantes del Ministerio Público y “cinco (5) profesionales con formación y antecedentes científicos y técnicos, especializados en la temática de la niñez y adolescencia, designados por la Legislatura”.
El artículo 45 de la Ley 114 estableció en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral, de acuerdo a la Convención de los de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989.
Consejo del Plan Urbano Ambiental
En el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), también a partir del 10 de diciembre fueron designados Martín Ezequiel González, Adrián Urrelli, Selva Machado Montemurro, Daniel Edgardo Sosa, Marta Emma Bellardi, Estela Margarita Di Legge, Fernando Osvaldo Julio Verdaguer, María Dujovne y Ariel Pradelli.
La Constitución de la Ciudad sancionada en 1997, estableció en su artículo 104 inciso 22 que una de las atribuciones del jefe de gobierno es crear ” un organismo con competencias en ordenamiento territorial y ambiental, encargado de formular un Plan Urbano Ambiental. Una ley reglamentará su organización y funciones”.
La Ley 71 fue la que estableció que el organismo encargado, es el Consejo del Plan Urbano Ambiental y debe ser “integrado por nueve técnicos/as profesionales, con formación sistemática y antecedentes de excelencia científica, técnica y especialización en temas urbanos y/o ambientales que deben ser designados a propuesta de la Legislatura.”