La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, celebró que la Ley de Envases con Inclusión Social tuvo dictamen en las comisiones de Ambiente y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación La ley fue impulsada junto a organizaciones ambientales y el apoyo de diversos sectores como la Cámara Argentina de la Industria Plástica. Jaquelíne Andrea Flores, secretaria de la Federación, afirmó que “hoy hayamos llegado a este recinto, es que siempre pensamos ser parte de la solución”
Se busca una gestión integral de envases y su reciclado para prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente, para reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado, que no sean reciclables y priorizar la reutilización y reciclado, aumentando la multa para aquellos que contaminan.
La Fundación Vida Silvestre estima que el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses fueron plásticos y que en el mundo 13 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el mar cada año (equivalente a que un camión de basura vuelque su carga completa de plásticos por minuto al océano)
La Federación de Cartoneros afirma que el proyecto de ley es una solución a la problemática de residuos sólidos urbanos. Flores destacó el trabajo de reciclado en la Ciudad de Buenos Aires, desde 2006. Pero en el país se producen 50 mil toneladas de residuos diarias que terminan en basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, ríos o en el mar, que contaminan el ambiente y a las comunidades.
Una gran parte de los residuos son envases post consumo, es decir que fueron colocados en el mercado sin responsabilizarse por qué pasa luego de que son desechados. Hoy, 150 mil cartoneros y cartoneras recuperan el material reciclable, trabajando muchas veces en pésimas condiciones. Otra arista de la problemática de residuos es que actualmente la industria argentina importa materia prima reciclada, lo que genera una pérdida de divisas. Durante 2020 se importaron más de 90 mil toneladas de residuos, que podrían recuperarse en nuestro país a partir de la implementación de sistemas de reciclado, generando así puestos de trabajo.
Responsabilidad Extendida del Productor
El principio en el que está basado el proyecto de ley se conoce como Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que se aplica en muchos países del mundo y es entendido como el deber de cada uno de los productores de hacerse responsable económicamente de sus productos, desde el diseño del envase que lo contiene y con el que se lo comercializa, hasta su disposición final.
Para esto, el proyecto de ley incentiva a las empresas a fabricar envases más amigables con el ambiente a través de una tasa ambiental, que es determinable en función del costo de la gestión del envase y varía según la composición del mismo. Es decir que, cuanto más ecológico es el envase, menor es el valor de la tasa. Asimismo, la incorporación de la tasa ambiental busca desalentar y reducir los componentes más dañinos para el ambiente y premiar aquellos envases que tengan mejores características de reciclabilidad, incidencia ambiental, ecodiseño y que incorporen materiales reciclados en su composición. Los productores también pueden optar por sistemas de retorno, como ya lo hacen algunas empresas que producen gaseosas o cervezas.
Cabe señalar que el valor de la tasa no depende del valor del producto, ni es un impuesto sobre el valor del producto en el mercado. Contrariamente a lo que se ha planteado públicamente, la tasa no incidiría en el precio final del producto porque se establece un techo del 3% que busca salvaguardar, para casos muy particulares, el impacto que la implementación de la tasa pueda tener sobre el precio del producto, especialmente en los casos donde el costo de la gestión del envase sea elevado en relación al precio mayorista del producto.
Modelos de autorregulación empresarial
La experiencia internacional muestra el fracaso de la autorregulación de los productores y de facultar a las empresas para que se supervisen a sí mismas a través de sistemas de gestión propios. Esto ha derivado en casos de “greenwashing”, donde las corporaciones -muchas veces con el aval de ONGs que aparentan ser ambientalistas- implementan costosas campañas de publicidad para lavar su imagen y parecer “eco friendly” sin hacer cambios en la composición de los envases ni dar una solución real a la problemática.
Otro ejemplo de este fracaso es la violación por parte de grandes empresas a la Ley Nacional 27.279 promulgada en 2016, que establece la responsabilidad de las empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios (envases de agroquímicos) a gestionar la recolección y el posterior tratamiento de los envases comercializados considerados peligrosos. Hace pocas semanas, la justicia bonaerense ratificó parte de las multas que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires aplicó a las empresas privadas -un total de 784 millones de pesos- por no recolectar sus envases de agroquímicos considerados peligrosos, al ratificar que solo recolectaron el 8% de los más de 13 millones de envases volcados al mercado en 2019. Es decir que más de 12 millones de envases peligrosos fueron abandonados en los campos y basurales, impactando negativamente en nuestro ambiente por su falta de gestión, en pos de obtener un diferencial en su ganancia. Incluso judicializaron la medida para no tomar responsabilidades ni siquiera en la multa respecto al impacto en la salud y el ambiente.
Hoy en día, los productores son “free riders” o “polizones”, ya que se benefician por la colocación de envases en el mercado sin hacerse cargo del costo de gestión y externalizan los costos, que lo terminan pagando los recuperadores con su trabajo informal y el conjunto de la sociedad con contaminación ambiental, lo que afecta a generaciones futuras.
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, afirmó que “aproximadamente el 25% de los residuos que se generan en Argentina son envases, de los cuales cerca del 90 % son plásticos y, de ese total, sólo el 8 % se recicla”, y añadió que “lo restante, en el mejor de los casos, va a parar a un basural a cielo abierto o a un relleno sanitario”.
Incluir a los cartoneros
En nuestro país, los cartoneros y cartoneras son parte de la solución porque son quienes, en condiciones muy precarias de trabajo, abastecen a la industria de materia prima reciclada y evitan que el sistema colapse. Fortalecer su trabajo a través de Sistemas de Reciclado con Inclusión Social es el camino para que los envases vuelvan a la industria, se reduzca la contaminación ambiental y se dignifiquen sus condiciones de trabajo. Cabe aclarar que este proyecto de ley no busca regular el trabajo de los cartoneros y cartoneras, sino regular la gestión de los envases. Cada municipio deberá armar un plan de gestión local de envases, incluir a los recicladores y recicladoras y elevarlo a su provincia.
Cada provincia enviará el plan provincial a la autoridad de aplicación para que ésta lo apruebe y le gire los fondos. La autoridad de aplicación, por su parte, será un un Consejo Consultivo donde están los organismos del Estado, las cámaras empresariales, las representaciones de los trabajadores recicladores y las provincias. Este Consejo deberá evaluar los planes, controlar el envío de recursos y las rendiciones de los mismos por parte de los municipios.