Nucleados en la Red Interparques y Plazas, denuncian la intención del macrismo de privatizar los espacios verdes de la ciudad. El proyecto podría votarse este jueves. El PRO tiene 28 votos propios y necesita 31, que aportaría el bloque UNEN.
Visibilizar y resolver los numerosos problemas que acarrea la pérdida de espacio público, el avance de “la mercantilización de la vida”. Ese, aseguran desde la Red Interparques y Plazas, es el objetivo de la campaña “Más verde sin bares” que realizan en distintos espacios verdes porteños, en rechazo a la instalación de estos locales privados en plazas y parques de la Ciudad, que el macrismo busca sancionar por ley en los próximos días.
El principal planteo se basa en que la iniciativa del legislador José Luis Acevedo (PRO) viola la Constitución porteña, que en el Punto 3 del artículo 27 del 4º Capítulo –dedicado al medioambiente– especifica que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe instrumentar “un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras”, y a su vez garantizar “su uso común”. En cambio, esta ley busca instalar bares en las plazas públicas y parques de más de 50 mil metros cuadrados. Los más apuntados son los parques Saavedra, Centenario, Avellaneda, Chacabuco, Sarmiento, Lezama y Tres de Febrero. Los lugares de venta de alimentos y bebidas deberán estar acompañados por sanitarios, mesa, sillas, estaciones de vida saludable y estacionamientos para bicicletas. Serían al menos 275 m2 por núcleo, y en algunos –de acuerdo a su extensión– podrán instalarse hasta cinco núcleos, incluso todos para un mismo adjudicatario.
El privado será el encargado de administrar, cuidar y limpiar los baños, bebederos y puestos de bicicletas, tareas que suelen corresponder al Estado. La instalación y mantenimiento de sanitarios y bebederos está contemplada en el presupuesto anual para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, para lo cual destina $ 7867 millones.
“Son acciones que integran el presupuesto de la Ciudad. Aumentan el ABL y a cambio le dan la concesión a un privado. ¿Adónde va la plata?”, se pregunta Federico Wahlberg, miembro de la Red que conforman vecinos, usuarios de parques y representantes de asambleas como él, que integra la de Parque Centenario. Y añade: “No le hacen mantenimiento a los parques y plazas, y después usan el argumento de que están en mal estado para privatizar una llamada ‘puesta en valor’. Queremos bebederos, baños, pero no concesionados. Que se ocupe el gobierno.” Alrededor del Centenario contabilizan 36 sitios de venta de comida. El parque ya cuenta con dos baños, pero no se pueden usar porque uno lo tiene la concesionaria del cuidado del lugar (Salvatori SA) y el otro lo utiliza la Policía Metropolitana.
La primera votación fue en la sesión extraordinaria de noviembre pasado, cuando en la Legislatura se cambió el término “concesión” por el de “permiso de uso precario” (será menor a cinco años), de modo de aprobarlo con 31 votos, en vez de los 40 necesarios. Al evitar la concesión, las condiciones del servicio las dispone el propio Ejecutivo porteño de manera discrecional. “Claramente se demuestra que es un negociado”, asegura Wahlberg. La iniciativa, que el PRO impulsa desde 2008, tuvo 33 votos a favor y 19 en contra. El voto macrista estuvo acompañado por la UCR, la Coalición Cívica (menos Rocío Sánchez Andía), María América González y quien era presidente del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, que votó distinto que el resto de su bancada, mientras negociaba su ingreso al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad. En la nueva composición legislativa, el macrismo tiene 28 representantes. Con tres más conseguirá los votos necesarios, por lo que las miradas recaen en legisladores del bloque UNEN, como Juan Nosiglia, María Eugenia Estenssoro y Javier Gentilini (Proyecto Sur), quienes no mostraron su rechazo, y también Graciela Ocaña, de Confianza Pública.
En marzo se llevó a cabo la audiencia pública –no vinculante–, en la que Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, recordó la vigencia de la Ordenanza 46.229 de Protección de los Espacios Verdes, que prohíbe “otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso y cambio de destino de todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no”. El último viernes, el texto tuvo la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Desarrollo Económico, la única que faltaba para un posible tratamiento en el recinto este jueves.
El Parque Centenario fue el primer escenario elegido por la Red, el sábado 19 de abril; la segunda protesta se desarrolló en el Lezama; y la tercera, el viernes pasado, en el Chacabuco. En el parque de San Telmo, el domingo anterior, partieron desde el anfiteatro con elementos para una obra de teatro itinerante que erigen en cada espacio verde donde podría llegar a establecerse un bar.
“El proyecto viola la Ley N°1777 de Comunas; ellas deben participar en lo relacionado a los espacios verdes de su territorio. Ningún consejo consultivo ni junta comunal trató el tema, y no hubo consulta a los vecinos, no nos dieron voz”, expresó Mauricio García, de la Red, representante del Parque Lezama. Otro de los reclamos de la Red se centra en el Parque Avellaneda, que ya cuenta con la Ley 1153 de gestión asociada, la cual crea un directorio entre el Ejecutivo porteño y los vecinos para la toma de decisiones, algo que el flamante proyecto desconoció.
Pasadas las primeras horas del domingo de sol en Lezama, un par de actores se visten de trabajadores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Clavan estacas en el césped, simbolizan cementarlo, apartan a las personas que estaban en ese espacio. Otro lo anuncia desde un megáfono: “Este lugar va a ser intervenido. Próximamente en este espacio verde va a haber un bar.” Otro es un cafetero, que en la historia trabaja desde antes que llegue el nuevo negocio. Vendía el café a dos pesos. Ahora llega el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, interpretado con una careta, y lo obliga a trabajar para el bar. El café pasa a costar 20 pesos, mientras comienzan los abucheos del público ante una nueva suba de precios. Las grandes cadenas cafeteras y de comidas rápidas –presumen todos los presentes– serán las principales beneficiadas y las que podrán costear los pliegos.
Miembros de la Red recolectan fotos de las personas posando con el cartel contra el proyecto, subidas luego a Facebook. También reparten folletos, afiches y letras grandes que el público levanta formando la frase “+ verde sin bares”. Julieta Giménez, de la Red, explica que la performance busca “reflejar la tensión entre lo público y lo privado, visibilizar lo que provocará la privatización de espacios que son de todos y que conforman lugares de encuentro e identidad cultural. Y también concientizar e informar, porque la mayoría desconoce que se aprobó esta ley.”
La norma explicita que el bar del parque no puede colocarse a menos de 50 metros de uno situado en la vereda, a menos que el de afuera no cumpla con la ley que obliga a dar el baño a cualquier persona, no sólo a clientes. Un 30% de los bares deberán ser manejados por ONG. “Pero el proyecto aclara que si no se anotan las suficientes como para cubrir ese cupo, entonces pueden ingresar más privados”, manifiesta Wahlberg.
Además de la mercantilización del espacio público, la Red denunció la pérdida de espacio verde. Según la OMS, debe haber al menos 10 m2 por habitante. Sin embargo, la Ciudad llega a apenas 1,8 m2, sin contar a la Reserva Ecológica. “Con el proyecto se quita una superficie absorbente como el césped para reemplazarla por cemento. En una ciudad con graves problemas de inundaciones, entendemos que esta medida sólo agravará la situación”, indican. «
Muy lejos de los 10 m2 por habitante
La ciudad actualmente tiene menos de 3 metros cuadrados de espacio verde por habitante (contando a la Reserva Ecológica), cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 10 metros cuadrados. Barrios como Caballito no superan los 0,8 m2 verde por persona. Según un mapa de la Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos del Ministerio de Espacio Público porteño, las comunas 3 y 5 son las más comprometidas. En la segunda, integrada por Almagro y Boedo, apenas hay tres hectáreas de plazas.
A la pérdida de espacio verde que significará la ley de bares en parques y plazas, se le suma la venta de espacios públicos denominados “ociosos” por el Ejecutivo local el año pasado, otros 17 predios que serán destinados a centros de tratamiento de basura; y otra propuesta que el macrismo quiere aprobar, llamado Plan Maestro Comuna 8, por la que también se desprenderán de ocho espacios públicos considerados “innecesarios”, que ocupan parte del Parque de la Ciudad, el Autódromo y el Parque Roca. En total, unas 70 hectáreas.
Rejas sí, rejas no
La Red se conformó en diciembre por las asambleas de los parques Lezama, Centenario, Chacabuco y Ameghino, junto a Propuestas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (PropAMBA). Todos vienen de otras luchas. La del Centenario tuvo el año pasado el conflicto por las rejas (de los 15 policías metropolitanos que colocaron el primer día de las rejas, hoy sólo quedan dos) y por el obrador de Salvatori (la concesionaria del cuidado del parque), que ocupó durante seis años sin permiso 3000 m² de espacio verde. Los vecinos lograron que se lo retirara, y ese sitio pudo convertirse en un nuevo acceso, por la calle Warnes. En el Ameghino, quitaron una gran huerta, y en el Chacabuco, evitaron una playa de estacionamiento ilegal. Lo que no pudieron frenar fue el quite de las escalinatas originales, al igual que la luminaria clásica del lugar, que hoy no se sabe dónde están.
En el Parque Lezama, lograron frenar la colocación de rejas el año pasado. Una sentencia judicial de 2008 obligó al jefe de gobierno porteño a pagar un canon diario (hoy de 400 pesos) por no mantener ese espacio verde de ocho hectáreas. Como sigue sin mantenerlo, sigue pagando la multa.
Ambulantes
Los vendedores ambulantes que recorren plazas y parques y los comercios aledaños a estos espacio es verdes también mostraron su rechazo al proyecto.
Por: Gustavo Sarmiento
