Fue relanzado el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego (PUFEAF)  y se hizo público el informe 2020 que sintetiza el análisis estadístico sobre los hechos con uso de armas de fuego que involucraron a las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación: la Gendarmería Nacional Argentina; la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina.

El trabajo se difundió en coincidencia del debate público que planteó el caso del músico baleado, Santiago “Chano” Moreno Carpentier, por un policía de la Provincia, al que presuntamente quiso apuñalar durante un aparente brote psicótico, este lunes. El informe del Ministerio de Segurida, retoma, de manera renovada, el trabajo iniciado durante la gestión de la ministra Nilda Garré en 2012. Este promovió, de manera pionera en el país, una política en materia de monitoreo del uso de las armas de fuego por parte de los y las funcionario/as públicos. A su vez, tanto aquella herramienta generada en 2012, como la actual, retoma los compromisos internacionales asumidos en virtud de la incorporación del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y de los Principios Básicos de Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego aprobados por Naciones Unidas.

Tal como se compartió ayer en el encuentro con los organismos de Derechos Humanos, la información estadística que produce el Programa constituye un insumo fundamental para el desarrollo de políticas de formación, entrenamiento, reentrenamiento, control y bienestar de las fuerzas federales. El documento permite identificar el conjunto de variables fundamentales. De los 374 hechos reportados donde se produjeron disparos de armas de fuego, 51,6% de ellos ocurrieron mientras el personal se encontraba “fuera de servicio”. Y se registraron 159 con heridos/as y 6 fallecidos/as (44,1%) –ya sean civiles y/o personal de las fuerzas policiales y de seguridad– y 209 con ilesos/as (55,9%).

El programa tiene como objetivo la prevención y reducción de las muertes y lesiones que ocurren en el marco de intervenciones de funcionarios de fuerzas federales con armas de fuego. De ese modo, se procura fortalecer la política integral de prevención de la violencia armada, así como potenciar la profesionalización del trabajo de las fuerzas federales en el marco de la promoción y protección de los derechos humanos y de los Tratados Internacionales suscriptos por Argentina.

El documento recorre de manera detallada los 374 hechos en los que hubo disparos de arma de fuego que contaron con la participación (en carácter de autor, víctima o en cualquier otra calidad), de personal de las fuerzas federales. Según el desglose que muestra el informe, el 51,1% de esos hechos fueron reportados por la Policía Federal Argentina (PFA); el 25,7% por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA); el 21,1% por la Prefectura Nacional Argentina (PNA) y el 2% por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).