Luego de una inspección ocular, el juez Roberto Gallardo dio lugar a un recurso de amparo para impedir que el gobierno porteño siga adelante con los “módulos metálicos” en ese establecimiento para paliar la falta de vacantes. Una medida en el Lenguas Vivas de Palermo que puede derivar en decenas de reclamos similares en la Ciudad.
El juez del fuero Contencioso Administrativo Roberto Andrés Gallardo interpuso una medida cautelar para prohibir “la utilización de containers o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel” en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Bronquen de Spangenberg, del barrio de Palermo. A su vez, intimó al Ejecutivo para que en 48 horas presente los planos de obra que implementará en la escuela, el cronograma de su ejecución y los certificados de habilitación que garanticen las medidas de seguridad necesarias para la comunidad educativa. En caso de que el Ministerio de Educación no cumpla con las obras antes del inicio de clases, el 5 de marzo, el juez dispuso que el ministro Esteban Bullrich pague de su bolsillo una multa diaria equivalente a diez pesos por cada alumno afectado. El fallo podría dar lugar a otras cautelares semejantes.
“Anteayer tomó estado público que en el colegio estaban instalando aulas para contener el exceso de demanda de vacantes y, como sabíamos que había un expediente judicial abierto sobre seguridad edilicia en el Lenguas Vivas, solicitamos la inspección ocular”, contó a Tiempo Argentino la asesora tutelar Mabel López Oliva. Ayer a las 9:30, el juez Gallardo que entendía en la causa del Lenguas Vivas se hizo presente en el colegio junto con la asesora y constataron la calidad de esas aulas.
En el fallo se describen “tres containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2 por 4 m), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña”. Además, se agrega que “a simple vista se pudo verificar que se trata de sitios sumamente precarios, con los paneles que forman paredes unidos de manera irregular, y con instalaciones eléctricas deficientes, con cables a la vista que se encuentran directamente apoyados sobre las estructuras metálicas”.
Ese panorama había sido advertido el día anterior por padres de los alumnos del nivel inicial, que estaba previsto que cursen en esas aulas, e integrantes del Centro de Estudiantes del Lenguas Vivas, que se manifestaron en la puerta de la institución rechazando la implementación de los containers. “Por la tarde tuvimos una reunión con el subsecretario de Gestión Económico-Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteño, Carlos Javier Regazzoni, el rector y la vicerrectora, a quienes les dijimos que no queríamos que los pibes fueran a los containers y que, si nosotros podíamos estar allí, ellos también”, relató a Tiempo Argentino el secretario general del Centro de Estudiantes, Valentín Larroy. “Ante eso, nos propusieron un plan de reforma edilicia donde el jardín pasaría adentro de la estructura del colegio y, si era necesario, la oficina de Supervisión se iría a los container.”
Esa propuesta fue mencionada ayer al juez Gallardo por la vicerrectora Stella Maris Schulte y la arquitecta del Ministerio de Educación Silvia Rey. Sin embargo, al ser consultadas por los planos de las obras, le respondieron que estaban siendo confeccionados. La explicación verbal tampoco satisfizo al juez ya que afectaba espacios destinados “a actividades esenciales en el proceso educativo”, como la bibiloteca o el patio, que se vería reducido por la presencia de los containers.
Por todo esto, el juez consideró en su medida cautelar que los medios llevados adelante por las autoridades educativas locales para solucionar la escasez de vacantes de nivel inicial en las escuelas porteñas son “manifiestamente inadecuados”, “conllevan un riesgo inaceptable para los menores” y “redundan en una flagrante violación a la obligación impuesta por el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que habitan la Ciudad o que concurren a sus escuelas”.
La resolución de Gallardo prohíbe la utilización de containers para albergar alumnos en el colegio, ordena que se liberen “los espacios físicos correspondientes a los sectores de administración, rectoría y vicerrectoría, priorizando la prestación del servicio educativo por sobre las áreas periféricas” y establece que ninguna obra nueva se utilice sin la previa intervención y habilitación de Bomberos. Además, dispone que no se afecten las áreas de biblioteca ni se reduzca el espacio para actividades recreativas con los containers, y requiere al gobierno de la Ciudad presentar en 24 horas documentación sobre la compra de las estructuras modulares y en 48 horas los planos de las obras que pretende realizar.
Por último, intima al gobierno a garantizar todas las tareas de “refuncionalización y mudanza” necesarias antes del inicio del ciclo lectivo y establece, en caso de mora, “una multa diaria personal, en cabeza del Sr. ministro de Educación de la Ciudad, Lic. Esteban Bullrich, equivalente a 10 pesos por cada alumno del establecimiento”.
Consultado por Tiempo Argentino sobre este punto, Gallardo consideró que el ministro “es el responsable político de esta situación”. “Acá hay una situación de carácter estructural, no netamente del establecimiento, que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. Si uno analiza las denuncias de los gremios UTE y Ademys en relación con la carencia de vacantes de nivel inicial, es un tema que no puede sorprender a nadie.”
El Ministerio de Educación puede apelar la medida pero, al tratarse de una cautelar, las apelaciones no tienen efecto suspensivo, por lo que se mantendrá hasta que la Cámara resuelva al respecto, algo que puede demorar meses. “Lo que no podemos aceptar es el riesgo para los menores”, consideró el juez.
El fallo de Gallardo podría transformarse en el primero de una larga serie de cautelares semejantes. De hecho, muchos amparos se tramitan actualmente a través de la Asesoría Tutelar y la Defensoría General de la Ciudad y, el jueves próximo, el ministerio está citado a una audiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 ante un expediente colectivo abierto por la asesora tutelar López Oliva. «
“comprobé que son containers como los del puerto”
“El fallo desmiente todo lo que han querido mostrar tanto Mauricio Macri, María Eugenia Vidal o Esteban Bullrich de que no son aulas container. El miércoles yo estuve en el Lengüitas y pude comprobar que son container como los que se usan en el puerto, ahí no se puede brindar educación digna para ningún chico”, asegura José Machaín, integrante del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Hace varios años y, tras una resolución judicial, el gobierno porteño se comprometió a crear alrededor de 24 establecimientos para nivel inicial y no cumplimentaron. Por lo cual me parece que no es una sorpresa que esto pase”, agrega Machaín. Por todo esto, el consejero considera oportuno que la sanción caiga sobre el ministro de Educación. “Este proceso de desidia implica que, una vez superado el inicio de las clases y resolviendo lo que se pueda el daño hecho, no le corresponde al ministro de Educación otra cosa que renunciar, al margen de que todavía tenga que responder a los procesos judiciales que tenga encima.”
Explicaciones
Por la crisis que se desató en la Ciudad a raíz de la falta de vacantes, la justicia citó a funcionarios del Ministerio de Educación porteño para una audiencia, a realizarse el 27 de febrero, donde deberán explicar qué medidas se tomaron y cuáles se tomarán para solucionar estos problemas.
UTE: “Hay edificios deshabitados”
El secretario general de UTE, Eduardo López, expresó a este diario el pedido de que “no haya aulas containers ni modulares ni precarizadas, sino que se aumente el presupuesto de infraestructura edilicia para dar lugar a todas las vacantes”. Según López, “hay miles de edificios deshabitados en muy buen estado arquitectónico. Sin dudas podrían usarse para solucionar la matrícula siempre y cuando el gobierno invierta. Estamos haciendo un relevamiento de edificios ociosos, pero lo que debe pasar es que haya una mayor inversión del gobierno de la Ciudad”. Y agregó: “También vemos que hay escuelas sin vacantes y otras sin chicos. Así que los docentes estamos moviéndonos y avisando a los padres donde hay vacantes”.
Del polo educativo al container
Se planeó armar allí, en el predio ubicado en Piedrabuena y Zuviría, un gran Polo Educativo. Escuelas para los chicos, para más chicos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la infraestructura prometida, que debía estar lista, nunca se terminó, tal como informó Tiempo Argentino hace una semana. Ahora, en lugar de escuelas, la administración macrista decidió mover hasta el lugar las “modernas” aulas “modulares”. “Están poniendo containers en un lugar donde debía haber una escuela terminada, es doblemente grave. Colocan 14 módulos”, denunció el legislador Aníbal Ibarra. Su colega, también del Frente Progresista Popular, María Elena Naddeo advirtió, al respecto, que “queda clarísimo en el proceso de las obras de Piedrabuena y Zuviria el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad, la falta de prioridad en la construcción de escuelas, la transferencia de terrenos y recursos al sector privado de la Educación. Ahora el resultado es que los chicos de la escuela estatal tendrán que conformarse con containers”.
13
Escuelas nuevas construyó el macrismo desde 2007. Sin embargo, dice que edificó 33, muchas financiadas por otros o que se estaban construyendo desde antes.
33
Aulas container proyectó instalar el gobierno porteño, en lugar de construir escuelas. El 90% de ellas van a parar a establecimientos del sur de la Ciudad.
7000
Alumnos o más, todos del nivel inicial, se quedarán sin lugar en las escuelas públicas de la Ciudad. El gobierno no resolvió, además, unos 4000 casos de chicos sin vacante.