La Justicia porteña ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a informar la ubicación exacta de las más de 2.000 “cámaras de video vigilancia privadas incorporadas a la red pública”, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel.
El juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Darío Reynoso, le dio 30 días de plazo a la administración de Mauricio Macri para dar a conocer esa información, según un fallo al que tuvo acceso Télam.
Además, le recordó que debe restablecer el mapa de cámaras públicas en la web oficial por constituir “publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es el Estado quien la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.
La demanda fue interpuesta por el nieto de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, luego de que la Policía Metropolitana se negara a cumplir la Ley 2.602, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de las videocámaras en la Ciudad.
Las cámaras “son útiles dentro de un marco integral y planificado de políticas públicas de seguridad; si no es pura propaganda electoral”, explicó Andrés Pérez Esquivel en un comunicado.
“Lejos de planificar -opinó-, el ministro de Seguridad (Guillermo) Montenegro propone a los vecinos votar por Facebook o Twitter dónde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad. E incluso en varias esquinas las instalaron en los mismos sitios que ya tenía la Nación”, agregó.
El demandante señaló que “sin esta información, la ciudadanía, los organismos de control y el Poder Legislativo” no pueden “controlar el uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en favor de la seguridad de todos”.
La Ley de Videocámaras fue votada en forma unánime y el año pasado todos los legisladores, incluidos los del PRO, hicieron un pedido de informes solicitando a la Metropolitana la ubicación exacta de las cámaras.
Pérez Esquivel dijo que el Superintendente de Comunicaciones, Jorge Eduardo Martino, se negó luego a entregar la información e idéntico comportamiento asumió ante similares pedidos realizados por la Auditoría General de la Ciudad (Proy. 10.11.01/13) y la Defensoría del Pueblo (CPDP-DP Dict. Nº 04/13).
“No es nada del otro mundo: Rosario, París e Inglaterra también publican los puntos de sus cámaras, es un objeto tan público como un cesto de basura; incluso más, mientras la Metropolitana se niega a cumplir la Ley, Nación sí entregó su listado de 1.200 cámaras en la ciudad a algunos Legisladores, tal como establece su protocolo”, explicó el sociólogo.
Pérez Esquivel consideró que Macri tiene dar explicaciones de manera urgente sobre sus políticas de vigilancia, porque están “en las puertas de un nuevo escándalo como el de las escuchas”.
En ese marco, preguntó dónde están las cámaras de la Metropolitana; por qué se niegan a inscribirlas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales (1845); si son realmente 2.000; por qué cuestan 125.000 pesos cada una; por qué entregan imágenes a la TV si la ley dice que es información confidencial y por qué producen en secreto drones que filman.
