Dicen que se cobran por ellas cánones ínfimos o nulos; el gobierno justificó los casos y hará licitaciones
El año legislativo comenzó agitado. En el inicio del período de sesiones ordinarias, un grupo de diputados opositores presentó una denuncia penal en la que acusa al gobierno porteño de permitir a varios concesionarios la usurpación del espacio público, ya que pagan cánones irrisorios por las explotaciones o, en algunos casos, no hacen erogación alguna.
Ante la presentación, en el gobierno porteño explican que los casos señalados por diputados de UNEN son falsos y en algunos hay una revisión en marcha que ya se había iniciado, y que está previsto llamar a varias licitaciones.
En la denuncia, presentada por los diputados Gustavo Vera y Pablo Bergel, se acusa al gobierno de administración fraudulenta de bienes públicos. Algunas de las concesiones que cuestionan son la del Buenos Aires Design, del grupo IRSA, que paga 45.000 pesos por mes por 140 cocheras y 72 locales, que a su vez alquila. También, el complejo Costa Salguero, que abona $ 166.000 por mes por 17 hectáreas de terreno, donde hay 23 subconcesiones. Entre ellas, el Centro de Convenciones, propiedad de Fernando Polledo, esposo de Carmen Polledo, la nueva jefa de la bancada de Pro en la Legislatura.
La denuncia agrega carritos de la Costanera y cocheras subterráneas en varios puntos de la ciudad que son explotadas sin pagar canon.
“En estos días que tanto se habla de espacio público, vemos que hay concesiones vencidas hace años que se convierten en una usurpación de facto”, explicó Vera.
Gabriel Astarloa, al frente de la Dirección General de Concesiones desde noviembre, respondió: “Las denuncias que se hacen son falsas. Demuestran un desconocimiento de cómo se hacen las concesiones y además hay un uso político de información pública”.
Según el funcionario, el caso de Buenos Aires Design está siendo analizado desde enero. “Iniciamos un proceso de análisis para la readecuación del canon”, indicó. Respecto de la Costanera, sostuvo: “Ahí tenemos planificado llamar a licitación. Este año convocaremos a por lo menos seis licitaciones. Se trata de todos los locales cuyos contratos vencen este año. Es el mecanismo más claro y más transparente”.
La denuncia penal señala que el restaurante Gardiner paga $ 44.000 por mes; Rodizio, $ 60.000, y El Padrino, que tiene su concesión vencida desde 2005, $ 4035.
Sobre las playas de estacionamiento subterráneas, Astarloa explicó: “Mencionan playas en las que el concesionario que ganó la licitación termina no pagando canon porque el bien después queda para la Ciudad. Es lo que decía el pliego. Dos ejemplos son la playa Vicente López o la que está debajo de la plaza San Martín”.
Los diputados también denunciaron la situación del café restaurante Módena Design, frente al Museo de Bellas Artes, en Recoleta, que no paga canon alguno, y la de las canchas de fútbol de la escuela de Claudio Marangoni en el parque Las Heras.
Astarloa defendió lo hecho por el gobierno porteño. “Hay una ordenanza de 1967 por la cual la entonces Municipalidad de Buenos Aires le da una concesión gratuita a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes para la explotación de Módena. Y lo mismo sucede con las canchas de fútbol, según la ley 4887, sancionada el año pasado. Es claro que no han vuelto a consultar ninguno de los casos”, dijo, aludiendo a los denunciantes.
Los diputados incluyeron en la denuncia las concesiones de Dakota y BRD, a cargo del acarreo de autos. Por las playas de estacionamiento pagan 30.000 pesos por mes. “Eso es lo que recaudan en una mañana”, denunció Vera. Astarloa recordó al diputado que fue la Legislatura la que, después de más de 10 años de prorrogar contratos vencidos, acaba de sancionar la ley y el pliego de bases y condiciones.
El funcionario también recordó que los casos de ocupación del Club Hípico San Martín y del estacionamiento frente al Hipódromo de Palermo están en juicio. “En el Hipódromo dispusimos la desocupación administrativa y hubo una negativa de la Policía Federal para poder hacer el operativo de desalojo. Estamos evaluando de qué forma puede hacerse con la Policía Metropolitana. Respecto del club hípico, hay una orden judicial que no nos deja avanzar. La difusión de esta información se ha hecho de un modo irresponsable”, sostuvo Astarloa.
Por Laura Rocha| LA NACION
