La ampliación del los parquímetros a la mayor parte de los barrios, con el objetivo de aumentar la recaudación, obtuvo un nuevo rechazo político de la ley aprobada en diciembre de 2016 por la Legislatura porteña. Los diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para dejar sin efecto la ampliación de la red de parquímetros a toda la Ciudad. Proponen también que el Gobierno de la Ciudad se haga cargo directamente del servicio de estacionamiento medido y acarreo por encontrarse vencida la concesión. Además en la semana se realiza la audiencia pública por el aumento de tarifas de parquímetros, por la que la hora aumentaría un 66%, pasando de $15 a $25.
El proyecto de ley, firmado por los 17 legisladores del Frente de Todos, busca derogar la ampliación de la red de parquímetros. Se trataría de un freno al plan de Horacio Rodríguez Larreta para instalarlos en 14 de las 15 comunas, elevando el número total de 4.000 a 86.768 medidores. De ser así, el 45% de las calles de la Ciudad quedarían bajo el sistema estacionamiento medido, incluyendo barrios residenciales como Colegiales, Villa Crespo, Palermo y San Cristóbal.
A su vez, desde el Frente de Todos proponen que el Gobierno de la Ciudad gestione de manera directa los servicios relacionados al sistema de estacionamiento regulado. El fundamento radica en que las concesiones de este servicio público se encuentran vencidas, no estando vigente ninguna prórroga y habiendo concluido el plazo para una nueva adjudicación. La licitación en curso está frenada desde 2018, momento en que ya se había prorrogado la primera apertura de sobres unas cuatro veces.
Hoy el servicio de estacionamiento medido está a cargo de empresas que arrastran la concesión desde hace décadas. Este mes, el Gobierno aumentó la tarifa por acarreo sin pasar por audiencia pública, llevándola a $3.000, monto que deben pagar los usuarios además de la multa por la infracción y el monto por “estadía” en la playa. El Gobierno de la Ciudad ha venido postergando la implementación de parquíimetros en los barrios por el fuerte rechazo que suscita entre vecinos, asociaciones y el arco político opositor, aunque está perdiendo de recaudar cuantiosas sumas de dinero.
Suspenden audiencia pública
La justicia porteña dispuso la suspensión de la audiencia convocada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de tratar la modificación de la tarifa del estacionamiento medido, ya que el juez Andrés Gallardo, dio lugar a una petición de las legisladoras de izquierda Myriam Bregman y Alejandrina Barry. Ambas diputadas afirmaron que “no pudieron tomar vista del expediente y con ello, analizar la información y documentación referida a la Audiencia Pública”. Las autoridades les habían señalado que la información estaba en la avenida Guzmán Nº 90. Pero allí no se encuentra la Subsecretaría de Gestión Comunal, sino que es la sede de la ‘Asociación Civil Niño Jesús’.
El juez afirmó que «la Constitución de la CABA garantiza, en su artículo 11, el derecho a la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad’» y sobre la modificación de precios de la vía pública, «la ley 210 define como servicio público al control de estacionamiento por concesión (art. 2) y dispone que a los efectos de la modificación de las tarifas respectivas el Poder Ejecutivo debe convocar a audiencia pública obligatoria y no vinculante”.