Diputados de la Ciudad de Buenos Aires participaron este miércoles de la reunión informativa en la que el Consejo de la Magistratura expuso las líneas de acción previstas en el año 2019 en el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto para la administración gubernamental que remitiera a la Legislatura el Poder Ejecutivo, con una asignación al organismo de $ 6.707.619.678.
La presidente de la institución, Marcela Basterra, explicó el funcionamiento del Consejo y la integración del mismo: “Nuestro trabajo lo hacemos a través de cinco comisiones -administración, disciplina y acusación, fortalecimiento institucional, selección de jueces y transferencia de la justicia nacional a la CABA- que trabajan arduamente cada día. Los recursos destinados al organismo tienen el fin de reforzar las funciones esenciales del Consejo y las leyes reglamentarias, además de garantizar el acceso a la justicia”.
La funcionaria destacó los cuatro ejes institucionales: reforzar las funciones principales de las comisiones, garantizar el acceso a la justicia en tiempo y costo razonable (proceso de transferencia de la justicia nacional a la local), la administración de recursos humanos, físicos y tecnológicos, y el fortalecimiento institucional.
Además, Basterra aseguró que el 1° de noviembre próximo será inaugurado el “Centro de Justicia de la Mujer” en el sur de la Ciudad, en donde estará la Oficina de Violencia Domestica (OVD) que ofrecerá asistencia profesional de médicos y psicólogos.
Por otro lado, se refirió al Plan de Readecuación Administrativa y de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad, a través del cual la planta permanente se reducirá mediante la promoción del cese de sus empleados en edad jubilatoria, como así también encabezando un plan de retiro voluntario con la participación de las asociaciones gremiales y prohibiendo el ingreso y nombramiento de nuevo personal hasta alcanzar la planta óptima de 875 agentes.
En lo que refiere a la transferencia de las competencias, el juez de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas y Consejero de la Magistratura, Dr. Marcelo Vázquez, explicó que “es necesario contar con el presupuesto indicado para tener un Poder Judicial integrado por jueces independientes, y que el sistema cuente con las herramientas adecuadas para poder actuar con autonomía”.
Con respecto a los objetivos del próximo año, Basterra hizo hincapié en “optimizar el funcionamiento de la Magistratura, desarrollar la totalidad de concursos públicos, fortalecer el patrimonio edilicio, que el poder judicial esté integrado por jueces independientes, y maximizar el uso de la tecnología de comunicación”, entre otros.
Luego de la exposición, algunos diputados solicitaron aclaraciones y otros efectuaron preguntas con respecto a la contradicción entre el plan de ajuste y tener el aumento de presupuesto más importante de todas las áreas en términos proporcionales, sobre la creación del fuero de Consumidores en la Ciudad y la equiparación salarial con empleados de la nación.
La Dra. Marcela Basterra estuvo acompañada por su equipo, entre ellos el vicepresidente, Dr. Alejandro Fernández, los consejeros doctores Vanesa Ferruazzolo, Javier Roncero, Gabriela Serra, Marcelo Vásquez, y el administrador general Luis Montenegro, quien intervino para explicar algunos detalles presupuestarios.
Participaron de la reunión encabezada por la presidente de la Comisión de Presupuesto, diputada Paula Villalba (VJ), los legisladores Jian Ping Yuan, Lía Rueda, Paola Michielotto, Claudio Romero, Claudio Cingolani, Gonzalo Straface, Carolina Estebarena, Diego Marías, Francisco Quintana, Victoria Roldán Méndez, María Luisa González Estevarena, Agustín Forchieri , Ariel Álvarez Palma, Eduardo Santamarina (VJ), Juan Nosiglia (E), María Rosa Muiños (BP), Hernán Arce (PS) y Mariano Recalde (UC).
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integra el Poder Judicial local como órgano permanente de selección de magistrados y de administración. Su función consiste en asegurar la independencia del Poder Judicial, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.