PEPSICO: ANUNCIAN NUEVOS CONFLICTOS

La empresa de origen norteamericana decidió cerrar su planta en el gran Buenos Aires, con muchos conflictos.

Los delegados de la empresa recientemente cerrada PepsiCo, anunciarán nuevas medidas. Hoy viernes a las 12:30 en la Cámara de Diputados de la Nación, convocaron a una conferencia de prensa para “informar sobre los próximos pasos a seguir y las nuevas medidas de lucha en nuestra pelea por los puestos de trabajo y contra la represión”. Será en la Sala 2 del 2do piso del Anexo A. De acuerdo a un comunicado de prensa: “también informaremos detalladamente sobre todas las gestiones y pedidos que se realizaron frente a la Justicia y el Ministerio de Trabajo que fueron desoídos durante semanas y desembocaron en la brutal represión del día de jueves 13”.
“Tanto el Fiscal como la Jueza Mentasty incumplieron con toda la legalidad para imponer un desalojo con un argumento insólito de que este tenía que hacerse “usando la fuerza pública” y solicitando que sea de noche, con el supuesto fin de evitar que los trabajadores generen “contaminación”.
De acuerdo a la información vertida “es la primera vez que se conoce un hecho así: un fiscal que usa la represión violenta contra obreros y obreras para supuestamente defenderlos, de una contaminación que habría generado la propia empresa. Por otro lado, esto no los llevó a hacer ninguna denuncia contra los directivos, sino movilizar a cientos de efectivos contra los trabajadores.”

En la conferencia abogados explicaran lo que entienden com una “ilegalidad de la empresa al incurrir en lock out ofensivo, un delito penal que la Jueza y el Fiscal y el propio Ministerio de Trabajo dejaron correr pese a las denuncias realizadas. Esto es así porque el cierre de la empresa se hizo incluso antes de la apertura del propio Procedimiento Preventivo de Crisis cuando la ley establece claramente que no se pueden cambiar las condiciones de trabajo mientras se intenta tramitar un procedimiento así. Este Procedimiento, llevado adelante en el Ministerio de Trabajo de la Nación fue uno de los más fraudulentos de la historia del país, ya que la empresa no adujo crisis alguna, incluso ofreció indemnizaciones al 200% y no presentó ningún plan “PREVENTIVO” para dar alguna continuidad al funcionamiento de la planta.”
Desde el punto de vista jurídico entienden que “la represión se basó en la ilegalidad más abierta mientras que funcionarios, la Jueza y el Fiscal permitían que la empresa se manejara con total impunidad”

La empresa en un comunicado había dicho que “El pasado 20 de junio de 2017, PepsiCo Argentina tomó la difícil decisión de cerrar la planta ubicada en la localidad de Florida donde se fabricaban snacks salados. Las razones de dicho cierre incluyen su localización en un barrio residencial con su consiguiente imposibilidad de ampliación ni modernización; la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados, entre otras”,

Pero Comisión Interna Pepsico Snacks Florida entendió que PepsiCo: “realizó durante estas semanas una verdadera burla contra el pueblo y los trabajadores: dijo que cerraba por el peligro de contaminación y de logística. Es decir que echaba a 600 familias y las dejaban en la calle supuestamente por la falta de inversión en obras mínimas de infraestructura. Luego importó papas fritas de Chile mostrando que no había ningún problema logístico, trayendo productos terminados del exterior cuando tiene una planta en condiciones de producir a dos kilómetros de Capital Federal”

Sin embargo PepsciCo sostuvo que Pepsico sostuvo que se brindó “un trato cuidadoso, contactando a cada una de las 536 personas que se han visto impactadas por el cierre. Se ha invitado a cada uno de ellos a reunirse de manera personal mientras continúa pagando todos sus haberes y aguinaldos hasta el 31 de julio. En estas reuniones se les está explicando la situación irreversible del cierre y se brinda información personalizada sobre el acuerdo alcanzado con la representación sindical en el marco del procedimiento legal y que tiene un plazo de vigencia que terminará hoy [por ayer]. Estos acuerdos incluyen entre otros beneficios, el pago de una suma por el doble de la indemnización legal por antigüedad (es decir, el 200%) y una extensión de la cobertura médica”,