PARTICIPACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Alicia Bárcena, Secretaria de la CEPAL estuvo presente en Costa Rica cuando se consagró el Principio 10.

Veinticuatro países de América Latina y el Caribe aprobaron el primer acuerdo regional vinculante para la protección de los derechos de acceso a la información en asuntos ambientales. Los delegados de las naciones asistentes adoptaron esta decisión, que se venía discutiendo desde 2014, a través de un texto final en la novena reunión del Comité de Negociación sobre el Principio 10, que se hizo en Costa Rica. A continuación, la nota de experta que explica las implicancias concretas del acuerdo

Lic. Lorena Suárez
Especialista en comunicación y ambiente

Acuerdo Regional
La participación social en temas ambientales es un principio

Hace algunos días, se informó que el Acuerdo Regional sobre el Principio 10 fue adoptado en San José, Costa Rica, luego de cuatro años de negociaciones. Se trata de un instrumento legal que tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas al acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, derivado del Principio 10 de la Declaración de Río + 20 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 2012.

Es un acuerdo de segunda generación, que equipara los temas ambientales con los derechos humanos y los derechos de acceso. En otras palabras, un acuerdo que promueve la comunicación, el diálogo y la participación y que fortalece el aspecto social de los temas ambientales.

En Argentina, sucede a menudo que salvo en los casos en los que por contrato los organismos públicos se ven obligados a realizar consultas populares para poder acceder a créditos internacionales para financiar determinadas grandes obras, la mayoría de las políticas públicas se hacen sin convocar a la comunidad, sin tener en cuenta sus saberes, ni promover ningún tipo de consulta previa.

Los técnicos, funcionarios y representantes de gobierno se adjudican un saber por encima de la comunidad, en relación a la solución del problema. Lo que generalmente redunda en poca aceptación popular de la solución, molestias mientras se desarrolla, malestar en torno a decisiones inconsultas. Esto suele derivar en protestas, movilizaciones y en el clásico “No a…”. Llegados a este punto, la comunicación se entorpece, se dificulta, resulta poco efectiva.

Por su parte, a los vecinos y representantes de organizaciones sociales, la mayoría de las veces, les cuesta mucho salir de la situación de denuncia, de la crítica, del enojo y poder plantear posiciones propositivas. La denuncia y la protesta son efectivos durante un momento del conflicto pero sentados en una mesa de trabajo, suelen ser poco productivas y hasta contraproducentes.
Es comprensible que durante la emergencia lo que premie sea el enojo, la incertidumbre, la angustia y otras emociones. En los espacios de participación, por el contrario, se tiene que intentar trabajar teniendo en cuenta los saberes racionales que la comunidad aporta y que compartirá de manera complementaria a los saberes técnicos que presentan los actores gubernamentales.

Teniendo en cuenta esos procesos, el desarrollo de canales de comunicación para trabajar conflictos ambientales que por definición suelen ser complejos, siempre cambiantes y con multiplicidad de aristas, deberán perseguir la participación de la comunidad en todas sus instancias: antes, durante y después de las medidas tanto estructurales como no estructurales que se intenten impulsar. Pero por sobre todas las cosas, debe aportar a la posibilidad de que dichas medidas y por el aporte de la comunidad en cuestión, puedan ser modificadas, adaptadas, de lo contrario, esa comunicación no solo será mera cosmética sino que además actuará de factor erosionante a la confianza necesaria para que la comunidad participe.

Particularmente en los temas ambientales, establecer comunicación con los actores sociales involucrados permitirá en primer término minimizar el riesgo de las personas. La anticipación y la prevención generan que por ejemplo una inundación, una explosión, un derrame, generen menos impacto. Un evento extremo en una zona preparada y controlada produce mucho menor daño que en una zona en la que no se tiene preparación. Si la población sabe a dónde recurrir, qué medidas precautorias tomar, los daños serán menores.

El saber popular debe ser valorado. En el suele prevalecer la memoria. Los integrantes de una comunidad, a diferencia de los funcionarios que suelen rotar en sus puestos y en sus temas de trabajo, sostienen el interés sobre los problemas que los aqueja durante mucho tiempo, tienen una historia vinculada a esos conflictos. Hace unos años, en el barrio de La Boca, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno había encarado una obra de gran envergadura para restaurar el Puente Transbordador, un emblema que atraviesa el Riachuelo, que estaba sin uso hacía varias décadas. Su puesta en valor había sido un reclamo histórico de los vecinos. Uno de los obstáculos más grandes en la obra y que trababa a los ingenieros era que por el puente pasaba un gasoducto de gran porte que abastecía al otro lado del río, a la Isla Maciel. Un grupo de vecinos y representantes de organizaciones del barrio se acercó a los ingenieros que trabajaban en la obra y les informaron que a pocos metros de allí existía un túnel que una empresa de electricidad había construido muchos años atrás. Los ingenieros dieron con dicho acceso y finalmente pudieron pasar el gasoducto ahorrando tiempo y dinero en la obra. Este ejemplo, que se dio de manera “casual”, da cuenta de los múltiples saberes que podrían aprovecharse.

Fomentando espacios de participación, los organismos de gobierno involucrados se fortalecen democráticamente, al escuchar experiencias vividas, necesidades, problemáticas, demandas pero también aportes. Existen múltiples metodologías que pueden aplicarse para fortalecer la participación de la comunidad. En todas ellas deberá considerarse la publicación de los resultados de cada uno de los encuentros, ya que permiten que en los subsiguientes más personas manejen la misma información, aun quienes no hayan podido asistir y deseen sumarse en los próximos. En todo el proceso, deberá quedar claro que con la participación no desaparecerán los problemas mágicamente pero se pueden mitigar los daños, involucrando a todos los sectores posibles.
En suma, incorporar la participación de la comunidad permite compartir la responsabilidad en la solución de los problemas y las necesidades identificadas. Trabajar participativamente y desarrollar conocimientos y compartirlos, ayuda a disminuir riesgos y salvar vidas y recursos. Los temas ambientales presentan aspectos sociales pocas veces atendidos. La aprobación del Principio 10, es tal como su nombre lo indica, un principio, un inicio. Se trata, pues, de todo un gran camino por delante, de un desafío…